La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), Mónica Vega Aguirre, confirmó que no se implementará un programa de verificación vehicular en Baja California para 2025. La razón principal es la falta de un plan que cumpla con las normas ambientales y garantice la transparencia en los centros de verificación, libre de actos de corrupción.
El programa de verificación vehicular fue introducido en enero de 2012 durante la administración del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero fue suspendido en 2020 por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. La suspensión se debió a la percepción de que el programa fracasó en mejorar la calidad del aire en Mexicali y a las acusaciones de corrupción, como la venta ilegal de hologramas.
El programa de verificación continua en revisión
Vega Aguirre explicó que, aunque el programa sigue en revisión, no se tomará ninguna decisión hasta que se pueda asegurar un sistema que cumpla con los estándares ambientales y que sea resistente a irregularidades.
“Mientras no podamos garantizar a Baja California un programa realmente ambiental, blindado contra la corrupción, seguiremos evaluando”, señaló la funcionaria.
Esta postura reafirma las palabras de la titular de la SMADS en 2022, cuando indicó que había planes para retomar el programa, e incluso se mencionó la posibilidad de su implementación en 2023, pero estos no se concretaron.
En cuanto a la concesión otorgada por Bonilla Valdez a la empresa Worldwide Environmental de Verificación Vehicular SRL de C.V., las autoridades reconocieron que asignaron esta tarea tras una convocatoria en 2021, de la cual seleccionaron a la empresa estadounidense para operar los centros de verificación. La concesión, sin embargo, nunca entró en vigor debido al cambio de administración con la llegada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en noviembre de 2021.
Vega Aguirre mencionó que la administración estatal está en conversaciones con la empresa para diseñar un programa con un “verdadero espíritu ambiental”, sin un enfoque meramente recaudatorio. Las autoridades están observando cómo se aplica el programa en otros estados para evitar repetir los errores del pasado.
“La gobernadora nos ha pedido ser muy profesionales y responsables con este tema”, añadió.
